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Analistas: 1 década del caso Terrorismo evidencia ineficacia de la justicia y uso político

En abril del 2009, la Policía ejecutó un operativo en el Hotel Las Américas de Santa Cruz con el objetivo de desarticular un grupo separatista. Diez años de aquel suceso, el caso aún no fue plenamente esclarecido.

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Diez años pasaron del día en que la Policía ejecutó el asalto al Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, para hacer frente a un supuesto grupo terrorista que pretendía asesinar al presidente Evo Morales y convulsionar al país. Hasta el día de hoy, el juicio a los implicados, iniciado en octubre 2012, no comprobó su hipótesis y para dos analistas, más bien, develó la inoperancia del poder judicial y su uso político para desbaratar a la oposición.

El fiscal del proceso Marcelo Sosa, quien tras huir del país revelaría que todo fue un montaje del gobierno, acusó a 39 personas. De estas, 22 fueron a juicio, cuatro fueron separadas por razones de salud y seis se acogieron al proceso abreviado, según la defensa de uno de los acusados, por “chantajes de libertad por culpa”.

Al momento, quedan 12 procesados, hay 17 declarados en rebeldía, de los cuales 16 están en calidad de refugiados y uno fue aprehendido el año pasado.

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Proceso judicial sin resultados

El hecho de que en 10 años no se haya comprobado la principal hipótesis del Gobierno: un hecho de terrorismo separatista; para Williams Bascopé, analista y constitucionalista, y para Julio Egüez, presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, demuestra la inoperancia del órgano judicial y que se trata de un juicio político.

“Cómo en un proceso judicial de las características tan importantes la justicia hasta el día de hoy siga dilucidando en juicio, es decir, el Ministerio Público no ha logrado llegar a una sentencia en esta situación. El poder judicial lo único que ha mostrado es su inoperancia e ineptidud en casos concretos”, afirma Bascopé.

Del inicio del juicio de caso Rózsa pasaron siete años de proceso oral y tres años previos de investigaciones y preparaciones. Por ello, Bascopé afirma que con este caso el Órgano Judicial demostró que es uno de los “órganos más ineficientes en Bolivia”, porque actuó con lentitud y burocracia.

Por su parte, Egüez denomina a este proceso “sui generis” porque en todo este tiempo y desde el inicio presentó diversas irregularidades, como la designación de fiscales de La Paz, pese a que el hecho se llevó a cabo en Santa Cruz y correspondía a una autoridad de ese departamento.

“A casi diez años si (los procesados) hubieran sido los autores de los hechos, ya deberían estar condenados o absueltos, pero nada de eso ha sucedido, excepto de unos cuantos que se han inculpado”, explicó Egüez.

En su criterio, debido a que en tantos años no se haya comprobado los delitos, este juicio debió cerrarse.



“Este caso no se ha enmarcado dentro de los procedimientos legales constitucionales que rigen en Bolivia, porque de ser así ya se hubiera extinguido el caso. Se convierte en un juicio violador de los derechos constitucionales. Se convierte en cualquier cosa menos en un juicio”, afirma Egüez.

Entre tanto, avanza una demanda admitida en 2018 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado boliviano por violación a los derechos humanos durante la intervención policial e investigación del caso. 

Esa petición está suscrita por Elod Toazó y Mario Tadic, antes encarcelados, y que tras seis años obtuvieron su libertad luego de someterse a un juicio abreviado; por la madre de uno de los ejecutados en el Hotel La Américas, Michael Dwayer; y por Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, quienes permanecen detenidos preventivamente por 10 años. Es así que el gobierno de Evo Morales enfrenta, por primera vez, la posibilidad de responder ante la justicia internacional por las tres muertes de abril de 2009. 

Uso político

Tras el proceso de este caso, el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) ha conseguido ganar fuerza en Santa Cruz, donde ha neutralizado, al menos por algunos años, a la oposición, como al Comité Cívico Pro Santa Cruz.  De ese modo demostró el poder que tiene.

“Lamentablemente lo que se ha demostrado (con el proceso judicial) es que más bien este caso ha sido una suerte de palanca política para sepultar ciertos liderazgos, desbandar ciertos grupos, pero también mostrar la fuerza del Gobierno”, dice Bascopé.

En la misma línea, Egüez considera que se trata de un juicio inconstitucional, debido a que en el proceso no se presentaron las pruebas suficientes, y más bien se vulneraron varios derechos y garantías de los procesados, quienes en su mayoría no cuentan con sentencia.

“Nuestro Código Procesal Penal dice que tres años sin sentencia ejecutoriada o en primera instancia procede las medidas sustitutivas y la libertad de los imputados. A mi modo de ver este es un juicio político y no un juicio legal”, afirma el jurista cruceño.

Los dos analistas coinciden que todo esto es una señal de que el poder judicial boliviano demostró que puede ser utilizado políticamente y que no imparte justicia.

“Lamentamos que hasta hoy día el gobierno no haya resuelto el caso y lo tenga para amedrentar a las personas, a los cruceños y a la institucionalidad”, asevera Egüez.

Asimismo, Bascopé opina que el hecho de que haya pasado una década sin que se haya esclarecido el caso da la razón a las personas que creen que este fue armado por el Gobierno. 

“Hay voces que dicen que esto ha sido montado, a medida que pasan los años como no se demuestra (el hecho de terrorismo), la gente va sospechando que este tema haya sido un maquillaje de algo que ha debido ser cierto, pero que más allá haya sido magnificado por el Gobierno”, concluye el constitucionalista.


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