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CIDH: "En la región latinoamericana hay una inercia por solicitar y aplicar la detención preventiva"

hace 5 dia(s)

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Pareciera ser que en toda la región latinoamericana hay una “inercia” por solicitar y aplicar la detención preventiva, que se inicia en el Ministerio Público que la solicita y los jueces que la otorgan, aseguró ayer el relator sobre las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, en un conversatorio auspiciado por la Escuela de Jueces, Fundación Construir y otras instituciones.

El comisionado señaló que hay una visión equivocada en los estados de la región de recurrir a la prisión preventiva como primera herramienta en los procesos penales y a esto se suma la actuación de la sociedad que en muchas ocasiones agraviada por la delincuencia siente que la seguridad ciudadana está garantizada cuando los presuntos responsables están en la cárcel.

“Tenemos que empezar por producir un cambio de la cultura por la prisión y de la política criminal en nuestros países, es un fenómeno que afecta a toda la región, no hay un país en el que se esté utilizando la prisión preventiva de manera racional”, aseguró Hernández.

En ese marco, sugirió retomar el principio básico de “la presunción de inocencia” establecido por la convención interamericana; aclaró que en el derecho internacional no está prohibida la prisión preventiva, “lo que está prohibido es el abuso de la misma sin tomar en cuenta la excepcionalidad, legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad”.

Previo a la intervención de Hernández, el magistrado presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez, se refirió a los desafíos de la reforma penal en Bolivia con la nueva Ley de Abreviación Procesal Penal que está a punto de aprobarse y que incluye innovaciones para la improcedencia de la detención preventiva en procesos contra personas con enfermedades terminales y las mayores de 65 años de edad.



Tampoco se podrá aplicar la detención preventiva en delitos donde la pena privativa de libertad es igual o menor a cuatro años, cuando la mujer imputada esté embarazada, madres de lactantes menores de un año y otros. Estas innovaciones se aplican exceptuando en los delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, contra la libertad sexual o violencia contra mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores.

Esta ley incorpora la creación de la Oficina Gestora de Procesos que se encargará de la distribución de causas, procesamiento de la solicitud de medidas cautelares, control de notificaciones personales y electrónicas y otros que apuntan al descongestionamiento de las causas.

Egüez aseguró que el TSJ incorporó algunas “buenas prácticas en la gestión judicial del proceso penal”, en el marco de la Constitución Política del Estado, como la protección de las personas adultas mayores, principio aplicado en el juicio de responsabilidades del caso FOCAs en el que hay varias personas procesadas que tienen estas edades.

Asimismo, dijo se implementó jornadas de descongestionamiento carcelario, visitas semanales de jueces a los recintos carcelarios que han tenido resultados positivos para disminuir el hacinamiento sobre todo en las cárceles de Santa Cruz, donde de 6.823 personas privadas de libertad, 2.127 (31%) se beneficiaron con diferentes resoluciones.

En el conversatorio también intervinieron, la experta en reformas penales Rasaly Ledezma, el representante del Instituto de la Justicia Procesal de México, Javier Carrasco, y la magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Elizabeth Cornejo.///


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