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ONG denuncia que hay 236 presos políticos en Venezuela

hace 2 mese(s)

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La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en Venezuela hay 236 presos políticos y acusó el Estado de utilizar tribunales militares contra civiles, en una audiencia en que la CIDH reiteró su aspiración de visitar el país.

“Desde 2014 hasta la fecha se han registrado 12.480 arrestos arbitrarios en todo el país, demostrando un patrón sistemático generalizado, lo que se traduce en un aproximado de 50 personas detenidas arbitrariamente cada mes y otras 50 liberadas, esto lo denominamos nosotros un efecto de puertas giratorias”, relató ante la CIDH Luis Betancourt, abogado representante de Foro Penal, una de las organizaciones de la sociedad civil.

“De ellos 1.551 se han convertido en presos políticos, 236 están hoy tras las rejas”, denunció el letrado en la audiencia celebrada en Colorado (Estados Unidos), actualizando una cifra que esta ONG sigue de cerca.

En esta audiencia de oficio la CIDH, un ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también estuvieron presentes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Una Ventana a la Libertad, Espacio Público y Defiende Venezuela (DV).

El relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edinson Lanza, manifestó su preocupación por las denuncias de desaparición de personas por protestar, por expresarse o por manifestar oposición al gobierno y su reaparición muchos días después, así como el levantamiento de cargos para justificar la prisión preventiva.

“Se esta naturalizando al parecer el uso de la prisión preventiva (…) la relatoría ha visto casos de personas que publican un video satírico o publican una crítica o comparten una información de interés público y están detenidos”, denunció.

Foro Penal denunció la utilización de tribunales militares para juzgar a civiles y dijo además que 7.300 personas siguen sujetos a restricciones a su libertad a través de medidas cautelares.

“Al menos 810 civiles han sido privados de libertad a través de tribunales militares. La practica de utilizar tribunales militares contra civiles violenta el principio de juez natural y denuncia la falta de independencia y autonomía del poder judicial”, dijo la ONG.

A lo largo de 2018 un centenar de presos han sido liberados como parte de una política que el gobierno de Nicolás Maduro definió como de “reconciliación” tras los movimientos de protestas de 2014 y 2017, que en total dejaron 200 muertos.



“En nuestro país el Estado garantiza los derechos humanos de los privados de libertad”, dijo el representante de Venezuela, Larry Devoe.

Venezuela se defendió diciendo que en la lista de presos políticos hay funcionarios policiales condenados por homicidios cometidos en el ejercicio de sus funciones y personas condenadas o procesadas por homicidios contra particulares, funcionarios públicos u organismos de seguridad.

Contacto por Skype

El relator para Venezuela de la CIDH, Francisco Eguiguren, abogó por crear algún mecanismo provisorio para verificar las denuncias de torturas, hacinamiento y falta de higiene, sin renunciar a que la Comisión pueda eventualmente estar presente en el país.

“Puede ser muy importante que mientras la Comisión no pueda ir al país, aspiración a la que no renunciamos, pudiera presentar, casualmente resultados de visitas de organizaciones internacionales, por ejemplo a centros de detención para contar con informaciones imparciales”, planteó.

También propuso el uso de tecnología, “que pudiéramos tener ocasión en estas audiencias o en una reunión de trabajo privadas al ver el seguimiento de una medida cautelar, que el Estado facilitara, el propio Estado, un acceso a un contacto, por lo menos, a través de mecanismos como Skype”.

La semana pasada, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú enviaron una carta a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por su parte, aprobó el pasado jueves una resolución histórica sobre Venezuela en la que pide al gobierno “aceptar la ayuda humanitaria” para solucionar la escasez de alimentos y medicinas.

El país, en una crisis social y política agudizada por la caída de los precios del crudo, sufre de hiperinflación y de escasez. Según la ONU unos 1,9 millones de venezolanos han huido de su país desde 2015.


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