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"Absoluta inseguridad jurídica": Persiste la violencia contra los pueblos indígenas de Brasil

El último informe presentado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) ofrece detalles de las modalidades de violencia que afectan a las poblaciones originarias.

hace 19 dia(s)

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La violencia contra los pueblos indígenas en Brasil no muestra signos de disminución y el más reciente informe del Consejo Indigenista Misionero (Cimi) lo confirma.

Esta semana, esa organización presentó el expediente de 'Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil', que contabilizó 110 casos de homicidios a indígenas en el 2017, casi la misma cantidad de casos registrados en el 2016. Los estados con mayor cantidad de asesinatos fueron Roraima (33), Amazonas (28) y Mato Grosso do Sul (17), precisa Agencia Brasil.

Sin embargo, la violencia es multiforme. Además de los asesinatos, el documento refiere que el año pasado hubo un retroceso en los derechos indígenas, que se refleja más visiblemente en los desplazamientos en sus territorios, en la eliminación sistemática de sus líderes y en las deficiencias en el acceso a servicios de salud pública.

"Esta edición del informe explicita una realidad de absoluta inseguridad jurídica en lo que se refiere a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en el país", denunció Roberto Liebgott, coordinador del Regional Sur del Cimi, recoge el portal Desacato.

El documento concluye que los poderes del Estado "han sido cómplices de la presión sobre el territorio, que pretende permitir la explotación de sus recursos naturales, y resulta en violencia en las aldeas", precisó Liebgott. Los datos recogidos por el informe, sin embargo, son parciales y las víctimas podrían ser muchas más, reconoce la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai).



Uno de los puntos medulares del problema, según el Cimi, es la actuación de la Fundación Nacional del Indio (Funai), a la que acusan de paralizar la demarcación de territorios, restringir los recursos presupuestarios para las áreas donde habitan los pueblos originarios y abandonar las actividades para atender a las poblaciones en condición de aislamiento y riesgo.

Para la organización, la Funai "legalizó y legitimó la violencia y las violaciones de que los pueblos indígenas fueron víctimas antes de 1988". El informe contabiliza 537 predios indígenas (63% del total), que son reclamados por sus comunidades sin que hasta ahora exista una regularización por parte de las autoridades, asimismo, evidencia el dramático aumento de los suicidios, con 128 casos (22 más que en el 2016), y la mortalidad infantil, con 702 registros.

 


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