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Opinión

El debate actual no es jurídico, es político y programático
Por: Emilio Rodas Panique *

LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
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La Constitución Política del Estado define una jerarquía normativa, en ella los tratados y acuerdos internacionales de los cuales nuestro Estado es signatario se encuentran en la cúspide de la pirámide. Está claro que se aplica con preferencia a artículos de la propia Constitución que limiten derechos, es sobre ello que se planteó el recurso abstracto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, y éste falló en este sentido; también está claro que en las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral no se encuentra aquella que le permita interpretar la Constitución ni servir de instancia de casación del Tribunal Constitucional Plurinacional, este escenario quedó desde el principio meridianamente claro.

 

Los opositores a la candidatura de Evo Morales y Álvaro García saben perfectamente que el debate Constitucional se encuentra agotado, intentan confundir a la población con un falso debate, hablan de respeto al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 e intentan imponer este elemento como único y definitivo y, claro, a propósito niegan el hecho de que el mandato del referendo ha sido cumplido, pues en ningún momento se aprobó una modificación del artículo 168 en ninguna instancia. Los que apostamos por su modificación perdimos y ahí lo dejamos, pero esto jamás ha negado que los que apostamos por la continuidad de Evo Morales tengamos la posibilidad de buscar otras vías constitucionales para habilitar su candidatura.

 

Es lo que hicimos, todos tenemos el derecho a ejercer nuestros derechos políticos sin restricciones de ninguna naturaleza, es lo que manda el Pacto de San José, esto entra en colisión con la limitación que establece el 168. Entonces ¿qué hemos demandado? Que el Tribunal Constitucional Plurinacional nos diga si es aplicable el Pacto de San José por sobre el artículo 168 y su limitación. El TCP ha fallado y determinado que se aplica con preferencia aquello que favorece el ejercicio irrestricto de los derechos políticos, por tanto no puede haber un ciudadano que esté impedido de ejercer su derecho a ser elegido.

 

Este mandato, sumado a la Ley de Organizaciones Políticas, ha configurado ya un escenario electoral anticipado; de nueve candidaturas registradas, ocho han sido habilitadas, los opositores tenían la esperanza de que el Tribunal Electoral ceda a la presión política y mediática, intentaron poner al TSE contra la pared para que éste viole la Constitución  y extralimite sus atribuciones negando la participación del candidato del MAS-IPSP arguyendo el respeto al referendo de 2016. Sin duda forma parte ya de la campaña electoral: sin argumentos jurídicos, a sola presión y medidas de fuerza se intenta sacar de carrera al principal candidato, algo parecido a lo hecho en Brasil con Lula, similar a lo hecho por Lenín Moreno en Ecuador contra Correa. En un escenario político en que está claro que del lado opositor no hay la mínima posibilidad de conseguir adhesión social mediante una disputa programática, la primera opción ha sido limpiar el campo de operaciones del verdadero contrincante; en esto han fracasado rotundamente.



 

Ya el escenario electoral está configurado, los opositores tendrán que lidiar con nuestros candidatos, pese a los últimos pataleos, que lo único que han logrado es generar reacción negativa de la gente por aplicar los mismos métodos de siempre: supuestos paros que sólo han llegado a bloqueos autoritarios y abusivos. Ahora les toca mostrar las cartas al elector, de qué están hablando cuando proponen sus postulaciones, ahora toca entrar en materia, hablemos de nacionalización, ¿la van revertir?, ¿van a ir en contra del sentimiento nacional de pertenencia?; hablemos de redistribución de la riqueza, ¿van a eliminar las transferencias a los sectores vulnerables?; sobre participación y acceso a la riqueza, ¿van a congelar el salario mínimo?; hablemos de industrialización, ¿van a vender la planta de urea a las transnacionales?, ¿van a privatizar el litio como lo intentaron en los años noventa?; hablemos de inversión pública, ¿van a eliminar el programa MiAgua?, ¿dejarán de apoyar a los municipios con el programa Evo Cumple?, ¿paralizarán el Plan Nacional de Carreteras?, ¿el bioceánico será archivado?, ¿el Mutún seguirá postergado? Estos serán sólo algunos temas sobre lo que en algún momento los Mesa, Ortiz, Paz Zamora, Cárdenas y los otros tendrán que mostrar su posición a los bolivianos, y en ello es más que evidente que ni siquiera podrán abrir la boca porque su historia los condena.

 

Estamos yendo a una confrontación entre el pasado y el futuro; pese a que durante los últimos cuatro años intentaron convencernos de que la revolución estaba agotada y se había convertido en lo viejo y superable, a la hora de las decisiones no tuvieron mejor idea que abrir el baúl de la abuela y poner en subasta los cachivaches que intentan mostrar como antigüedades valiosas. Al frente hay resultados, no promesas, no hay un solo indicador en que el aliado de Banzer o los cachorros de Goni puedan mostrar mejor resultado. Ellos dibujarán promesas, y al frente tendrán políticas de Estado; ellos esbozarán ideas, y al frente tendrán proyectos de nación.

 

Éste es el verdadero debate que se nos viene, por ello es que les aterra enfrentar la realidad, se prepararon para un escenario sin Evo, y ahora tendrán que enfrentar un país y un pueblo que no entienden. Ésta no es la Bolivia moribunda y limosnera que nos legaron, se quedaron en el pasado, y su pasado los va a condenar, pues nuestro pueblo encontró un camino y no lo va a abandonar porque a un puñado de políticos añejos se les ocurrió que ahora sí pueden gobernar.

 

* Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas  



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