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Opinión

Reforma parcial del código penal, urgente
Por: Emilio Rodas Panique *

LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
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Las cárceles están atestadas de detenidos preventivos, más del 70% de la población carcelaria está en esta condición, cualquier denuncia que se presenta en contra de cualquier ciudadano, así sea sin el menor fundamento, lo expone a ser privado de libertad en cualquier citación fiscal o audiencia cautelar; el fiscal no precisa de indicios evidentes para determinar su detención, es suficiente con su decisión y criterio; en la audiencia cautelar es el ciudadano el que debe por todos los medios demostrar que no hay riesgo de fuga u obstaculización; pese a ello, y sin que medie justificación alguna, los jueces determinan detención preventiva, porque uno de los certificados no cuenta con una coma o el certificado domiciliario es para administrativo y no para judicial, es decir, cualquier pretexto es bueno para justificar la decisión. 

 

La relación está invertida, en cualquier sistema judicial se parte de la presunción de inocencia y es el acusador quien está obligado a demostrar su acusación; en nuestro sistema judicial no, se carga toda la responsabilidad sobre el acusado, pues pende sobre él la pesadilla real de quedar detenido en un recinto penitenciario indefinidamente, pese a que hay sentencias constitucionales que sientan jurisprudencia sobre lo obvio, y establecen que debe ser la Fiscalía la que en la audiencia cautelar demuestre fehacientemente el peligro de fuga o riesgo de obstaculización a la investigación; las decisiones judiciales se basan simplemente en dudas o indicios absolutamente subjetivos, totalmente libres de cuerpo y responsabilidad. 

 

No son defectos del procedimiento, son vicios del sistema; la detención preventiva se convirtió en el principal medio de presión que ejercen jueces y fiscales sobre los procesados; el temor a la detención preventiva predispone al ciudadano a ceder a propuestas corruptas, éste sabe que no importa si tiene todo el respaldo documental, no importa si la Fiscalía cuenta con elementos o no respecto de la responsabilidad sobre la acusación. 

 

La ciudadanía está consciente de esta realidad, en el órgano judicial hay plena convicción sobre ello, la Fiscalía lo entiende así, el sistema político boliviano igual, todos estamos claros de que esto no puede ni debe continuar de esta manera, hay que ponerle límites y racionalidad a la justicia. 

 

El calumniado y vilipendiado Código del Sistema Penal ya incorporaba transformaciones en esa dirección, a partir de la utilización de elementos tecnológicos evitar la detención preventiva como regla cotidiana y la retardación indefinida de los procesos; lastimosamente por razones ajenas a la justicia este instrumento fue abrogado y los avances que éste suponía quedaron en el vacío, por lo que la situación carcelaria se mantiene en las mismas condiciones y agravándose, pues cada día se incrementa a partir de las decisiones judiciales la población en las cárceles. 



 

Es hora de reabrir el debate, el atentado político de los médicos en cuanto al código del sistema penal no puede condenarnos indefinidamente a padecer este cáncer; está claro que los propósitos reales de la movilización de los mandiles blancos fueron sobrecumplidos, pues hoy todos nos damos cuenta de que no era el tema de la negligencia médica ni el CSP, sino los mecanismos de regulación del sistema de salud lo que realmente había detrás de esa rabiosa movilización; ellos quedaron sin regulación y nosotros nos quedamos con el fardo de la justicia y su estado. 

 

El haber truncado una reforma estructural del sistema penal, tomando en cuenta el estado de la justicia, se convierte en un verdadero crimen contra la población en general, sobre todo porque en función del cálculo de los escenarios políticos los tomadores de decisiones difícilmente vuelvan a poner en la agenda otra normativa tan completa; sin embargo, podemos avizorar una reforma parcial que implementará condiciones rígidas e inequívocas a tomar en cuenta a la hora de valorar las medidas cautelares; es decir, realmente se parta de la presunción de inocencia y que la regla sea defenderse en libertad; estas modificaciones deben dejar el menor espacio a la subjetividad de los jueces y fiscales, además de implementar las medidas tecnológicas para el control moderno de la posición física de los procesados y transformar el sistema de citaciones y fijación de audiencias acorde a estos tiempos, tal y como lo preveía el Código del Sistema Penal desechado.

 

Este es un tema que no puede soslayarse, requiere grandes decisiones pero es indiscutible su necesidad e importancia; hay que darle tranquilidad a la población, que la ley la proteja y no la agreda, que le dé seguridad y no la incertidumbre que hoy provoca ir a una instancia judicial; se han dado ya unos pasos con el proyecto de ley, hay que tener la valentía suficiente para ir a estas transformaciones.

 

 

* Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas  



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