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Victor Borda: "Iniciaremos un juicio penal contra el expresidente Jorge Quiroga por el loteamiento del Salar de Uyuni"

hace 1 año(s)

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El Movimiento Al Socialismo (MAS) ahora apunta al expresidente Jorge Quiroga por el caso Quiborax. El diputado del frente oficialista, Víctor Borda, anunció un juicio penal en contra del exmandatario porque, aseguró, que en su Gobierno se consolidó el “loteamiento” del salar de Uyuni para validar las concesiones a la transnacional chilena.

“Quiero anunciar el segundo capítulo de esta telenovela toda vez que aquí también hay corresponsabilidad”, dijo.

NUEVO PROCESO

El oficialista explicó que el nuevo proceso que alcanza a exlegisladores del país tiene base en dos nomas. La primera la Ley 1854, denominada "Ley de Gonzalo Valda”, del 8 abril de 1998, mediante la cual se levanta la calidad de reserva fiscal a una gran parte del salar que se había estipulado antes con otra norma de 1986.

Esa disposición legal de 1998 fue validada después por el gobierno de Quiroga, el 3 de abril de 2002, mediante el Decreto Supremo 26574, explicó Borda, quien sustentó su denuncia en los delitos de daño económico al Estado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, entre otros.

La norma rubricada por el exmandatario y su gabinete dice: “se convalida el perímetro de la costra salina del Gran Salar de Uyuni conforme a la delimitación establecida por el mapa elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería - SERGEOMIN, asimilado al sistema de cuadrícula minera por el Servicio Nacional Técnico de Minas - SETMIN, con las respectivas coordenadas de los vértices en el Sistema Geodésico Mundial WGS - 84, determinadas el año 1998, en sujeción a la Ley Nº 1854 de 8 de abril de 1998”.

“Vamos a iniciar un proceso de investigación para estos individuos impulsores de esta ley para que nos expliquen cuál ha sido el motivo para promulgar una ley para dividir en dos el salar de Uyuni. Es más, vamos a pedir un proceso contra Jorge Tuto Quiroga, quien lamentablemente ha consolidado esta división, este loteamiento del salar de Uyuni”, dijo Borda.

Según el legislador oficialista, “ha existido también un tráfico de influencias” porque, tras la aprobación de esa norma se concesionaron 11 áreas a la firma Quiborax para la explotación de ulexita.



La medida fue disuelta en el gobierno de Carlos Mesa con la promulgación de la Ley 2564 del 9 de diciembre de 2003, que recuperó la totalidad de la Costra Salina del Salar como reserva fiscal a favor de Bolivia, precisó el mismo exmandatario.

Posteriormente, con la promulgación del DS 27589 del 23 de junio de 2004, Mesa expulsó del país a Quiborax-NMM por fraude fiscal e incumplimiento de la norma, entre otros factores, lo que luego devino en un arbitraje que perdió Bolivia y por el cual se vio obligada a pagar $us 42.6 millones de indemnización. Para el Gobierno, Mesa es responsable de daño económico al Estado.

Por ello, Borda anunció también una demanda penal contra el expresidente Carlos Mesa por no cumplir con el procedimiento de reversión de concesiones mineras de ese entonces. Empero, La Fiscalía tramita un juicio de responsabilidades a pedido de la Procuraduría.

Proceso contra ejecutivos

El jueves 12 de julio, el expresidente Carlos Mesa envió una carta al director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), Germán Taboada Párraga, para pedirle que retire el desistimiento de la acusación que hizo esta unidad para permitir la absolución del empresario acusado de falsificación en el caso Quiborax, Allan Fosk.

Así lo dio a conocer Mesa y afirmó: "cumpliendo su obligación de defensa de los intereses estatales el funcionario debe además adoptar las medidas judiciales correspondientes para que los falsificadores del acta de Quiborax reparen el daño que ocasionaron al Estado".

Tras enumerar una serie de supuestas irregularidade, Mesa añadió: "considero que su autoridad, tiene que dejar sin efecto su desistimiento de la acusación particular, impugnar la resolución judicial de absolución, continuar con la acusación particular y adoptar todas las medidas judiciales convenientes para que David Moscoso, Allan Fosk y los restantes coprocesados reparen el daño económico causado al Estado".///

 


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