Banner YPFB
El tiempo
     Santa Cruz

N Nacional

Pablo Menacho: "Quiborax intentó negociar con Carlos Mesa cuatro veces y fue él quien nunca contestó"

hace 2 mese(s)

,

El ministro Héctor Arce dijo que Quiborax ofreció a Bolivia en varias ocasiones la solución amigable de la controversia a través de negociaciones directas, mismas que fueron desoídas por Carlos Mesa, ¿fue así?

La controversia le fue comunicada a Carlos de Mesa mediante una carta el 22 de julio de 2004, casi un mes después del decreto de revocatoria de concesiones, que salió el 23 de junio. A partir de esa fecha empieza a correr el plazo de los seis meses. En octubre le vuelve a mandar una carta Quiborax al expresidente Mesa, en la que le señala que no recibió respuesta para iniciar proceso de consulta. Vuelve a enviar una misiva el 7 de diciembre, la tercera, para abrir un periodo de consulta. El 24 de enero se dirigen otra vez a él y le informan que concluyeron los seis meses para llevar adelante el arbitraje.

¿Ese es su delito?

No, es uno de los incumplimientos. Nos echa la culpa a nosotros por no haber negociado su problema, la controversia internacional que él causó cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Cuatro veces la empresa Quiborax intentó negociar con él, y fue él quien nunca contestó. Hay una carta del entonces ministro de Minería en la que le dice a la empresa que no corre ningún plazo porque esta no demostró que sea un inversionista extranjero. Mientras que el 8 de diciembre sale el informe de la Cancillería al exministro Juan Ignacio Siles, en la que le dicen que al parecer esta empresa estaba amparada en los tratados entre Bolivia y Chile en este ámbito.

Hubo un informe en el que le alertan, entonces...

Efectivamente, y de ahí el presidente Mesa tuvo, del 8 de diciembre hasta el 7 de julio, siete meses más para cerrar la controversia. Ahora él dice que era sumamente sencillo hacerlo, entonces entendemos que para él no iba a ser problema terminar este lío, si es que cumplía con su obligación bajo el tratado. No lo hizo, en esa fecha renunció y luego se fue. 

Está en marcha un proceso hacia un juicio de responsabilidades, ¿en qué se sustentaría?

El 22 de mayo presentamos una proposición acusatoria contra él y los tres ministros que tenían que cumplir con una auditoría.

Le explico: el 9 de diciembre de 2003 se aprueba la Ley 2564, que volvía a ampliar la reserva fiscal en el salar de Uyuni. En 1998, Hugo Banzer promulgó una norma denominada Valda, en la que se declaró la reserva fiscal del salar solamente a la costra salina. Achicaba la propiedad del Estado. En ese momento obtienen concesiones al menos cinco empresas, entre ellas Non Metallic Mineral (NMM) y su socio Quiborax.

Con la Ley 2564 se vuelve a ampliar la costra salina. Así que lo que quedó fuera de la propiedad del Estado vuelve a su poder.

Ahí estaba Quiborax. La norma establecía elaborar seis auditorías a las empresas que explotaban recursos en esa área: una técnica, una medioambiental, una laboral, una de impuestos, aduanera y una jurídica. Si alguna de estas empresas incumple las normas para explotar recursos, se debe declarar su nulidad en un plazo de 60 días.

El plazo vencía el 9 de febrero de 2004. Mesa emitió un decreto, el 27326, el 27 de enero de 2004, 13 días antes de que finalice el plazo. ¿Quién hace auditorías tan complejas en semana y media? pues nadie. Entonces, incumplió ese requisito. En su decreto señala que la hizo Comibol y Sergeomin, además de un informe preliminar de Impuestos. Su decreto lo emite en junio, cuatro meses después de que ya estaba vencido. La declaratoria de nulidad de las concesiones no podía realizarse a través de decreto.

Ese es otro tema, ¿por qué?

Es que el Código de Minería, que lo sancionó Gonzalo Sánchez de Lozada, decía que la nulidad de concesiones se llevaba adelante a través de un proceso ante la autoridad de minas de esa época. Era todo un trámite. Y Mesa revoca concesiones mineras solo con un decreto supremo. Ese es el nudo central que genera la controversia internacional. Los chilenos dicen que Mesa emitió una norma de expropiación, el decreto supremo, sin cumplir con la ley boliviana y eso el tribunal lo reconoce.

¿Los chilenos reclamaron; en sencillo: nos sacaron sin cumplir la norma, verdad?

Exactamente.

¿Eso motivó el juicio?

Es que eso genera la controversia internacional. Hoy cambió, pero tener concesiones mineras en ese tiempo era como tener propiedad privada, era como tener una casa, porque el artículo 4 de ese código decía que las concesiones mineras están sujetas incluso a sucesión hereditaria.

Goni trabajaba en minería, ¿usted cree que eso lo motivó a generar esta ley?

Era un minero mediano, por eso hay que entender la lógica neoliberal, pero sobre todo la lógica de Goni. Hizo esa ley para proteger sus inversiones, sus intereses, sus propiedades. Pero estaba en la ley. Pero eso es lo que el laudo manda compensar. 

Se sustenta un proceso contra el expresidente Mesa en base a una ley que era absolutamente neoliberal, ¿es consciente de esto el Gobierno?

La ley es la ley. Por eso es que es gracioso cuando Carlos Mesa nos dice: por qué siguieron el proceso, por qué no se salieron.

No depende pues de Bolivia, hay un tratado internacional que dice que el inversionista chileno puede demandar a Bolivia ante el Ciadi, y cuando eso ocurre no podemos escaparnos de enfrentarlo, porque está respaldado por un tratado internacional. Los tratados de protección de inversiones son herramientas neoliberales, pero son de cumplimiento obligatorio para los estados.

¿Qué saben los árbitros de la política interna boliviana? Lo que ellos deben detectar es cuál es la norma vigente sobre la cual van a fallar en determinado momento.

Y para ustedes, ¿eso hizo que Bolivia pierda estos $us 42 millones?

Exactamente.

¿Y cuál es el objetivo que tienen con el juicio?

Establecer la responsabilidad.

¿Eso significa que al final, el expresidente Mesa, si el fallo sale en su contra, tendrá que sacar ese dinero de su bolsillo para pagarle al Estado por lo que hizo?



No me puedo adelantar al monto de la compensación, pero evidentemente si es que hay un daño vamos a tener que recuperarlo, porque esa es nuestra obligación, eso manda a la CPE y la ley de la Procuraduría General del Estado.

Además, Mesa podría ir a la cárcel, ¿no?

Si es que el tribunal del juicio de responsabilidades determina que tuvo responsabilidad en la generación del daño. No depende de la Procuraduría.

Una parte de la negociación estuvo en manos de este Gobierno, por lo tanto, la compensación que tendría que pagar Mesa pudo ser menor, pero podría haber responsabilidad de ustedes, si no negociaron bien y admitieron un pago de más de $us 42 millones cuando pudo ser de solo 3 o de 22 millones, ¿y puede ser un argumento válido de Mesa, no?

Sí, pero está documentado y de hecho, por lo que se ha filtrado y ustedes han publicado, son informes internos de la Procuraduría, que están en los archivos, donde se dice por qué se discontinúan las conversaciones. Son solo conversaciones mientras no se llegue a un acuerdo. En 2008 surge el tema de las ilegalidades en la documentación de Non Metallic Minerals.

Hablamos de esa negociación de los $us 3 millones, que se trunca como dice el ministro Arce porque se descubre que el socio principal de NMM tenía problemas con la justicia porque falsificó un documento, ¿no es así?

En las negociaciones, antes de cerrar el acuerdo, se hace lo que se llama la debida diligencia. Revisar que toda la documentación de la contraparte con la que se va a suscribir un acuerdo esté en regla. No se puede suscribir un acuerdo si hay alguna ilegalidad. Es parte de lo que nos manda a nosotros la Ley 1178 (Safco), que es durísima. Hablamos de 2008. Hoy sabemos que hay un laudo de 48,6 millones, por el que se pagó 42. Pero estoy seguro de que quien haya firmado un contrato de $us 3 millones con una empresa cuyo uno de sus directores confesó haber falsificado un acta y obtuvo la sentencia condenatoria por ella, quien sea que hubiera suscrito ese documento, hace 10 años, estaría preso.

Lo grave es que de ese pago, esa persona, David Moscoso, recibirá $us 20 millones, ¿no?

Ese es un tema interno de la… Nosotros lo que hacemos es acatar el laudo, la sentencia (sic).

Eso es muy cuestionado, ¿es aceptable que sea beneficiada con un pago así una persona que cometió un delito?

Nosotros no tenemos opción de decidir para quién va qué. Esto es lo que dice el tratado: la decisión del tribunal arbitral será obligatoria para ambas partes, la decisión es el laudo y nosotros tenemos que cumplir con él. ¿Qué pasa si no lo hacemos?

Pues nos embargan los bienes. Sea de manera convenida o de manera forzosa, Bolivia tendrá que cumplir. Corríamos el riesgo de que la empresa vaya a cobrar el laudo a Inglaterra, a Francia, a EEUU, a donde sea que Bolivia tenga lo que sea, incluidos los bienes del Estado, como el avión presidencia. No había opción, había que cumplir el tratado.

¿Y el delito cometido por el señor Moscoso y su sentencia no podía impedir el pago a la empresa NMM?

No había opción. Lo que dice el Ciadi es que los laudos son definitivos y no hay apelación posible. Una instancia donde se pueda presentar una opción para invalidar el pago. Hay una sentencia contra una persona, pero el laudo es a favor de Quiborax y NMM. Eso decidió el tribunal, no hay forma de revertirlo. Nosotros cumplimos con el pago y reducimos el monto en $us 15 millones.

Leí que un abogado cruceño escribió que se puede recurrir a una especie de amparo constitucional a un laudo internacional.

Una teoría súper rara; primero, es incorrecto porque el tratado internacional especifica que no hay recurso posible contra el laudo, y lo otro es que uno puede interponerlos en Bolivia, pero la empresa chilena nunca vendría a Bolivia a intentar ejecutar el laudo, iba a hacerlo en cualquier otro país. Hemos analizado todas las opciones, por eso estas son políticas neoliberales, con candados muy fuertes a la protección de la autoridad.

En el caso de la negociación de los $us 22 millones se supo que los chilenos ya estaban en La Paz y que todo se cayó en el último minuto, ¿fue así?

No estaban aquí para firmar. Se llevaron adelante las negociaciones, se logró una rebaja del 50% del monto del laudo, porque eso es lo que nosotros hacemos: intentar resolver la controversia de la mejor manera, bajando el monto lo más que se pueda. Y por eso es una pena el ataque a la Procuraduría porque nuestra labor es loable, es buena. No sirve solamente al gobierno de turno, pero es un instrumento de defensa de cualquier gobierno en funciones, y se la debe cuidar. Me da pena institucionalmente lo que pasa el día de hoy.

Pero en ese afán de bajar el monto llegó una carta de David Moscoso, el 19 de diciembre de 2016, en la que nos decía que cualquier pago debía ser dirigido a él, como representante de la empresa boliviana.

¿Lo mismo que en la anterior negociación?

Exactamente, lo mismo detuvo la negociación. Entonces, imagínese qué hubiéramos suscrito. Estaba el proceso de anulación en curso. Igual íbamos a tener que iniciar los procesos, me refiero a la proposición acusatoria. Ni los 3 millones ni los 27 millones iban a impedir que no intente ver la responsabilidad del daño. En cualquiera de los casos se iba a sancionar.

¿Afirma que fue un cálculo para no reducir el monto?

Fue un cálculo para no dar más prueba durante el arbitraje. No iniciamos el proceso penal contra el responsable o los responsables porque no podíamos generarle prueba a la contraparte, el arbitraje que estaba en curso.

Es decir que se iba a iniciar un juicio de responsabilidades contra Mesa, ¿no es cierto?

El responsable de la controversia es Carlos Mesa y se lo iba a procesar de todas formas. Hay un informe del año 2008 que dice que  habla de los mismos tipos penales por los que nosotros nos hemos pronunciado en su contra en 2018: incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la CPE y las leyes y conducta antieconómica.

¿Se podría decir que no quisieron ayudar a Mesa a reducir el monto en el arbitraje?

Nuestra obligación no es ayudar a nadie, es defender al Estado. ///


Notas Relacionadas