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Bolivia cambió tres veces su defensa jurídica en el caso Quiborax desde 2007

Uno de los bufetes asesoró al país en otros tres casos más y en todos se pagó millonarias indemnizaciones. El Ciadi observó retrasos y dijo que Bolivia incumplió, en 2004, artículos de un acuerdo bilateral con Chile.

hace 4 mese(s)

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Bolivia cambió tres veces su defensa jurídica durante el proceso de arbitraje con la empresa Quiborax, a la cual finalmente tuvo que pagar $us 42,6 millones. Según el laudo judicial, entre 2007 y 2014, el Estado boliviano trabajó primero con un estudio jurídico de Estados Unidos, luego contrató a un consorcio internacional con sede en Francia y tres años después a otro bufete estadounidense. Finalmente, en 2014, el equipo jurídico quedó compuesto por cuatro abogados bolivianos, encabezados por Héctor Arce y Pablo Menacho, actuales ministro de Justicia y procurador general. 

En estos cambios de juristas, al menos 13 abogados representaron a Bolivia en el arbitraje. En tanto la chilena Quiborax se asesoró, de principio a fin, con tres abogados de su país de Bofill Mir & Álvarez Jana, según figura en el laudo.

Uno de los estudios que asesoró a Bolivia es el consorcio internacional Dechert LLP, con sede en París (Francia), que fue contratado en 2010 por el Ministerio de Defensa Legal, mediante licitación pública. Según el proceso de contratación y que figura en el Sicoes, Dechert LLP cobró 450.000 dólares por cada año de trabajo y representó al Estado boliviano, en el caso Quiborax, entre 2010 y 2013.

Según consta en los procesos de contratación estatales, los abogados de Dechert LLP no solo asesoraron a Bolivia en el caso Quiborax, sino en al menos otros tres procesos más: el de la Euro Telecom International (ETI), por  Entel; el de la asociación germano-peruana Oiltanking-Graña Montero, por la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos en Bolivia (CLHB); y el de Pan American Energy, por la empresa petrolera Chaco.

Explotación de mineral en el Salar de Uyuni, donde operaba Quiborax (AFP)

Para cada uno de esos arbitrajes, los honorarios de Dechert LLP fueron de $us 450.000 por año y los cuatro contratos se suscribieron en 2010 mediante licitación pública, según señalan documentos del Sistema de Contrataciones Estatales.

Tres de esos contratos, los de los procesos de Quiborax, ETI y Oiltanking-Graña Montero, se firmaron el mismo día: 16 de marzo de 2010. Cuatro meses después, se firmó para el asesoramiento en el caso Pan American Energy.

Según dijo el ministro de Justicia, Héctor Arce, en la interpelación que tuvo el miércoles en la Asamblea Legislativa, en todos estos procesos Bolivia tuvo que pagar indemnizaciones. En el caso de Pan American Energy, Bolivia pagó 357.023.360 dólares (el pago más alto realizado hasta ahora), a ETI le pagó 100 millones de dólares y a Quiborax 42,6 millones de dólares. Mientras que a Oiltanking-Graña Montero, según reportes de prensa, se le dio 16,4 millones de dólares.

Por estos arbitrajes Bolivia pagó en total $us 516 millones y los cuatro casos fueron asesorados, entre otros, por Dechert LLP.

En el formulario de adjudicación, publicado en el Sicoes, se especifica el consorcio que ganó la licitación para representar al Estado en el arbitraje
(Foto: Rolando Villegas)



La versión del procurador

Respecto a estas afirmaciones, el procurador Pablo Menacho señaló que no es cierto que la firma chilena Quiborax hubiera tenido un solo bufete de abogados, aunque el principal haya sido Bonfill Mir & Álvarez Jana; sin embargo, dijo, en otras audiencias estuvieron abogados de otros bufetes. 

Manifestó que él, junto con el ministro  Héctor Arce, "nunca entraron ni a cambiar ni a imponer abogados", por lo que desde 2010 se contrató a Dechert LLP, que tiene los mejores juristas y siempre se ha buscado la mejor defensa para el país. Según Menacho, Dechert cobró $us 450.000 por todo el proceso de anulación del caso Quiborax, que duró de 2015 a 2018. “Nosotros hemos hecho las cosas bien”, dijo.

Ciadi observa retrasos

Con relación al caso Quiborax, el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones(Ciadi) dice en el laudo que el proceso se retrasó en varias ocasiones por acciones del equipo jurídico de Bolivia. Señala que primero se propuso descalificar al tribunal, lo que causó la suspensión de procedimientos; luego se opuso a la jurisdicción del tribunal y pidió inspeccionar documentos de las acciones de la empresa Non Metallic Minerals, hecho que tuvo lugar en el Banco Mundial en París. Estos retrasos, dice el laudo antes de fijar el monto de compensación, generaron consecuencias en términos de costos para ambas partes.

En el documento del Ciadi, entregado a las partes en septiembre de 2016, se determinó que Bolivia pague a la empresa Quiborax 48,6 millones de dólares, monto que luego ascendió a $us 57 millones por intereses y que fue negociado finalmente en $us 42,6 millones.

La decisión del Tribunal se basó, principalmente, en el hecho de que el Estado boliviano violó artículos del Tratado entre Bolivia y Chile para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, un documento bilateral firmado en 1994, durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

El laudo del Ciadi señala también que al expropiar las inversiones de Quiborax no se garantizó “el trato equitativo dentro de su territorio a las inversiones de la empresa demandante” y que se perjudicó a las inversiones a través de “medidas irrazonables”. Al respecto, Carlos de Mesa escribió en su cuenta de Twitter que  la expulsión de Quiborax realizada durante su Gobierno respondió a una “medida política y jurídica completamente válida” y que se hizo en razón del incumplimiento de leyes ambientales, de impuestos nacionales, derechos aduaneros y fraude en la declaración de volúmenes de exportación de ulexita a Chile.

Al menos 13 personas vieron el caso

El laudo señala que en 2007 al Estado boliviano lo representaba el abogado Paul Reichler de Foley Hoag LLP (Estados Unidos), en 2010 se cambió de estudio jurídico y entraron al proceso Pierre Mayer, Eduardo Silva Romero y José Manuel García Represa, de Dechert LLP (Francia).

En 2013 ya no se renovó el contrato con ese consorcio, según dice en el laudo del Ciadi. Entonces Diego Gosis, del estudio Gomm & Smith (Estados Unidos), representó a Bolivia.

Hasta 2014, además del abogado Gosis, el equipo lo integraban Hugo Raúl Montero (procurador), Elizabeth Arismendi (subprocuradora) y los funcionarios Édgar Pozo y Leonardo Anaya. Más tarde, ese mismo año, el equipo volvió a cambiar y quedó integrado por cuatro personas: Héctor Arce, Pablo Menacho, Franz Zubieta Mariscal y Angélica Rocha Ponce.

La firma Dechert  asesoró a Bolivia en otros procesos

ETI

Euro Telecom International (ETI) demandó al Estado boliviano por la nacionalización de la empresa Entel. El proceso se inició en 2009 ante el Comité ad hoc de Naciones Unidas. El Estado tuvo que pagar 100 millones de dólares.

Oiltanking-Graña Montero

La asociación germano-peruana enjuició a Bolivia por la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos en Bolivia en 2010 ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Se pagó 16,4 millones de dólares.

Pan American Energy

Demandó a Bolivia, en 2009, por la nacionalización de la petrolera Chaco ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Se terminó pagando 357.023.360 dólares, el monto más alto hasta ahora.////


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