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Alcaldía de Cochabamba tiene 15 días para considerar si realiza o no el pago de 12 MM de bolivianos por las mochilas y material escolar

hace 15 dia(s)

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La demanda del importador de las mochilas escolares Juan de Dios Morales contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y la alcaldesa Karen Suárez, para el pago por el material entregado, fue admitida en la Sala Social Administrativa Contenciosa del Tribunal Departamental de Justicia.

Suárez, en representación de la Alcaldía, tiene 15 días para responder, previa evaluación de la situación, considerando si se realiza o no el pago de más de 12 millones de bolivianos, que sería lo adeudado.

La resolución se emitió el pasado jueves, sin embargo, el director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía,  Edwin Paredes, dijo ayer que aún no recibió la notificación respectiva.

“En cuanto tengamos (el documento), analizaremos y actuaremos conforme a procedimiento”.

El presidente de la Sala Social Administrativa Contenciosa, Juan Carlos Claros, según el documento se instruye a Suárez que “personalmente o mediante apoderado conteste la demanda y asuma defensa legal en la presente causa”.

La demanda se interpuso el 30 de mayo, una semana antes de que Morales y su esposa, que eran buscados, sean aprehendidos en Santa Cruz, como principales implicados en el caso Mochilas I.



El abogado de Morales, Henry Pinto, explicó que posterior al plazo de la Alcaldía se abrirá un término de prueba en el que se deberá determinar si se entregaron las mochilas y realizar un trabajo de peritaje antes de emitir una resolución final.

Pinto, en una ocasión anterior, expuso las 371 actas de entrega del material escolar para las unidades educativas de la ciudad, lo que sería prueba de que su cliente cumplió con lo acordado. La Sala Social, conformada por los vocales del Tribunal Departamental de Justicia, tendrá 30 días para emitir una resolución.

“Se tiene un contrato y se cumplió, ahora le toca a la Alcaldía. Se entregó lo prometido. En caso de que no haya acuerdo, en la pericia se define el monto del importe a pagar”.

Pinto advirtió de que en caso de que no se quiera pagar y se dilate el proceso, los perjuicios son para la Alcaldía porque los intereses van en aumento.

Para el abogado de la defensa del alcalde suspendido, José María Leyes, Humberto Trigo, lo único que queda es realizar el pago de más de 12 millones de bolivianos.

“Hubo una resolución de contrato, lo que no significa que se anula”.

Luego de la denuncia, a principios de abril, por la supuesta adquisición irregular de las mochilas escolares, se anuló el contrato con la Asociación Accidental “26 de Febrero”, el 13 de abril, y se informó que no se realizó ningún tipo de pago.///


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