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En un solo año la deuda de la Alcaldía cruceña creció un 78%

hace 2 mese(s)

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En 2017, Santa Cruz de la Sierra, el municipio más grande y con más recursos económicos de todo el país, incrementó su deuda de Bs 337,061 millones a 602,433 millones. Es decir, un 78,73 en un solo año. Sus principales acreedores son nacionales, ya que la deuda pública municipal se divide en 320,90 millones de deuda interna y 281,52 millones de prestamistas externos. Así lo hicieron saber en los informes de los concejales .

En este contexto, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ha iniciado un proceso de readecuación de su estructura para bajar de 20 a 12 secretarías y tratar de disminuir a la mitad sus trabajadores eventuales. En 2017, según documentos oficiales, la contratación de empleados no permanentes superó en gastos a los trabajadores con ítem. Mientras los permanentes significaron un gasto de Bs 370,025 millones, los eventuales demandaron 387,856 millones. A ello se sumaron aportes aprevisión social de Bs 110,789 millones para totalizar 868,670 millones gastados en servicios personales.

Según la Ley Municipal N.º 699 de 14 de diciembre de 2017, el presupuesto reformulado del año pasado alcanzó los Bs 4.029,797 millones, por lo que la comuna cruceña destinó el 21,56% en pago de personal y la deuda pública acumulada significó un 15% de su presupuesto final, aún en niveles saludables, según el municipalista y asambleísta departamental de Demócratas José Luis Santistevan. Como en el Gobierno central, se considera que una administración subnacional tiene un nivel aceptable de endeudamiento cuando este no supera el 35%. 

Con lo público y lo privado

Según las leyes municipales de aprobación de deudas que se pueden consultar en la página web del Concejo, en 2017 hubo incremento de documentos de aprobación de empréstitos.Mientras en 2016 se aprobaron solo dos leyes para recibir créditos, el año pasado las leyes subieron a siete, repartidas entre entidades públicas de créditos y bancos privados. 



La primera ley de aprobación de créditos de 2017 es la 552 del 4 de mayo. En ella se aprueba el “financiamiento para la gestión de crédito del programa Construcción de obras complementarias del mercado minorista La Ramada del distrito 10. Se trataba de un crédito por Bs 30 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). La segunda ley, la 553, aprobada ese mismo día, tiene como fin el financiamiento de la gestión de créditos para contrapartes locales. Es también del FNDR y el gobierno municipal se endeudó con Bs 10,523 millones para pagar su contraparte del programa Implementación catastral e interconexión nacional. Ambos son créditos a 12 años con el 1% de interés.

El 2 de junio se aprueba la Ley 581 para la construcción de accesos, ampliación de mercados y expropiaciones. Es un crédito de Bs 127 millones con el Banco Unión, también a 12 años, pero con un interés del 5,5%. Es decir, se prestó dinero a un tipo de interés propio de vivienda social.

Hay otra ley, la 602 del 27 de julio, que tiene los mismos montos, el mismo banco y el mismo tipo de interés. Ese mismo día, se aprobó la Ley 603, un crédito del FNDR por Bs 45,121 millones para pagar la contraparte para el alcantarillado de la Villa 1.º de Mayo. 

La última ley de crédito de 2017, la 699, aprueba la gestión de créditos del programa Apoyo a la inversión pública fase II del FNDR, que habilita al municipio a acceder a un fideicomiso para pagar contrapartes. No especifica un monto, aunque el decreto supremo que reglamenta este fondo lo limita a Bs 710 millones. Esta ley también aprueba el POA reformulado de 2017, por Bs 4.029 millones.

¿Hay liquidez?

Según dos fuentes de la comuna consultadas, el problema de la falta de recursos no se subsanó con los créditos del año pasado, sino que en la presente gestión ha provocado que haya pagos a contratistas que están atrasados. Aseguran que esta se produjo porque los ambiciosos techos de recaudación autoimpuestos en 2017 no fueron alcanzados.

Medina salió de la administración por no aconsejar tomar más créditos de la banca privada, por sus intereses altos, y su renuncia fue exigida por el alcalde Fernández en una reunión en la que estaba presente el concejal Jhonny Fernández. El concejal admitió que se reúne con el alcalde. ///


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