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Nelson Flores (Octubre negro) :"Recibí la orden de César López de derribar las antenas de los medios de comunicación instaladas en El Alto"

hace 3 mese(s)

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El cuarto día de juicio civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, en la Corte Federal de Fort Lauderdale, Florida, por el caso de las muertes de Octubre Negro, tuvo cinco testigos: el exmilitar Nelson Flores; el exministro Ricardo Calla; Juana Valencia de Carvajal, viuda de Marcelino Carvajal, víctima de disparo en El Alto, y Teófilo Baltazar, quien perdió a su esposa que estaba con cinco meses de embarazo, en las luctuosas jornadas de la “guerra del gas”. También hubo un video declaración del exministro José Luis Harb.

Según fuentes que siguen el caso, la jornada comenzó sin el jurado por un incidente planteado por la defensa de “Goni”, que observó la declaración en video del testigo Juan Carlos Pari, alegando que éste no fue parte del conflicto y que apareció recién los últimos años.

Para las 9:10, según la fuente, se inició la ronda de testigos ya con el jurado presente. El primero fue el exmilitar Nelson Flores, quien era jefe de la unidad antiterrorista Chachapuma, que estaba bajo la orden directa del entonces presidente Sánchez de Lozada.

Relató que días antes del 17 de octubre recibió la orden del exgeneral César López de derribar las antenas de los medios de comunicación instaladas en El Alto. Dijo que no cumplió esa orden porque él sólo recibía órdenes del presidente Sánchez de Lozada. Señaló que no recibió mandato del Presidente para participar en los hechos de Octubre Negro y que la única acción directa fue el rescate de turistas en Sorata, en septiembre de 2003, pero negó que se haya disparado las armas. Dijo que no cumplió la orden de derribar antenas porque habría generado mayor conflicto y acelerado la caída de Goni, tal como declaró cuando fue testigo del juicio contra el Estado Mayor en 2010.

El segundo testigo, Ricardo Calla, relató que advirtió en una ocasión a Sánchez de Lozada de que la violencia podía desbordarse y que le preocupaba. También dijo que no hubo o no recordaba acciones de diálogo de parte del Gobierno del MNR.

La parte de la defensa del expresidente le reclamó que no emita juicios de opinión y que se centre en los hechos que había presenciado.



Como tercera testigo, en horas de la tarde, habló Juana Valencia. Contó sobre la muerte de su esposo Marcelino Carvajal el 12 de octubre en El Alto. Señaló que ella no vio cuándo le dispararon a su esposo pero escuchó que se cayó, también habló sobre los bloqueos y la jornada violenta. Dijo que después de los hechos no pudo abrir su tienda por 10 días. Su relato fue muy emotivo, según la fuente consultada. Habló sobre las dificultades de su vida como viuda y el sufrimiento que pasó.

El cuarto testigo fue Teófilo Baltazar. Contó que vivía en Río Seco y que el 12 de octubre una bala hirió a su esposa, Teodosia Morales. Contó la peregrinación que tuvo para llegar al hospital Juan XXIII y que a pesar de que operaron a su esposa y ella mejoró, luego recayó y falleció. Al finalizar su relato, Baltazar dijo: “Soy viudo por culpa de esos dos que están sentados ahí”. El juez le pidió que se limite a responder las preguntas.

La última declaración prevista era la del exministro de Gobierno José Luis Harb, en video. La fuente dijo que la emisión duró varias horas y que el testigo señaló, entre otros puntos, que Harb reconoció que había mucha violencia y que Sánchez de Lozada estaba atrapado entre cumplir la ley o negociar políticamente.

Para hoy se tiene prevista la declaración de seis testigos, entre ellos de Sonia Espejo, Enrique Zavala Velasquez y Hernán Apaza Cutipa.

Por otro lado, fuentes cercanas al MNR que siguen el caso negaron que la defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín vaya a convocar como testigo al exembajador de EEUU en Bolivia, David Greenlee.

El juicio civil que comenzó el lunes busca indemnización para las nueve víctimas demandantes, quienes llevaron adelante el caso con apoyo del bufete de abogados Akin Gump, la ONG Centro de Derechos Constitucionales y la universidad de Harvard.///