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Cedib y organizaciones andinas denuncian ante la ONU en Ginebra abusos del extractivismo

Durante la 37 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizada en Ginebra, Suiza, el Cedib expuso los patrones de abuso en torno al extractivismo

hace 1 año(s)

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Durante la 37 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizada en Ginebra, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) junto a otras instituciones del mundo, presentó el informe “Abusos de poder contra defensores y defensoras de los Derechos Humanos, del Territorio y del Ambiente. Informe sobre extractivismo y derechos en la Región Andina”.

El informe presentado por el Cedib de Bolivia, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) de Perú, el Movimiento Ríos Vivos Antioquia y el Colectivo de Abogados Javier Alvear Restrepo (CAJAR) de Colombia, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Ecuador y Broederlijk Delen de Bélgica contó con el apoyo del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) y Amnistía Internacional.

Marco Gandarillas, en representación del Cedib; Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos de Colombia; Oscar Mollohuanca, líder social del Perú; Francisco Hurtado Caicedo, asesor jurídico de CEDHU y; Wies Williams representante de Broederlijk Delen denunciaron cuatro casos emblemáticos de abuso.

Los patrones de abuso se pusieron en evidencia en casos como la exploración petrolera en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana II (Bolivia), el proceso de construcción la Hidroeléctrica Hidroituango en 12 municipios de Antioquia (Colombia), en el corredor minero del sur del Perú (Apurímac y Cusco) y en los proyectos mineros Mirador y Panantza-San Carlos en la Cordillera del Cóndor (Ecuador).

En el caso boliviano se expuso el caso de la TCO Tacana II, donde existe el agravante que el proyecto hidrocarburífero se realiza en una reserva indígena que tiene presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV).

“Los indígenas del territorio Tacana II y sus monitores ambientales registraron y documentaron cuidadosamente los indicios y evidencias de contacto y los entregaron a las autoridades exigiendo la adopción de medidas de protección y la paralización de las actividades de exploración por constituir un inminente riesgo de contacto forzado para el pueblo Toromona, cuyas consecuencias serían su exterminio. Sin embargo, las autoridades han hecho caso omiso de las peticiones, inclusive ante evidencias presentadas por la propia contratista china BGP”, informó el Cedib.

Gandarillas dejó constancia que en diciembre de 2016, la organización indígena del territorio Tacana II, Cejis y el Cedib demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares en defensa de la vida de la población indígena en aislamiento voluntario afectada por el proyecto exploratorio, y que en febrero de 2017, cuando se informaba a la opinión pública del país sobre esta petición, la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos fue intervenida por simpatizantes del Gobierno.



El investigador boliviano también denunció ante la comunidad internacional, que el Cedib ha sido hostigado debido a su papel, entre otros, en torno a este caso. Y que en noviembre del año pasado sus cuentas bancarias fueron congeladas.

Patrones de abuso

En sus exposiciones los defensores de derechos humanos mostraron la existencia en la región andina de patrones de abuso de poder que ejercen tanto los Estados como las empresas y otros actores privados, en contra de personas, familias y comunidades que defienden los derechos humanos, territorios y el ambiente.

Se puso en evidencia que en los cuatro países se imponen proyectos extractivos con una doble estrategia: por una parte se producen diversos ataques contra defensores los cuales se silencian, invisibilizan y dejan en impunidad y, por otra, se aprueban normas y se producen acciones directas que facilitan el ingreso de empresas a los territorios y la posterior consolidación de proyectos extractivos.

Como efecto de las estrategias extractivistas implementadas en los países expositores se evidenció el desplazamiento forzado de comunidades; actos de hostigamiento, amenazas y asesinatos de defensores; la criminalización contra defensores y la impunidad en que quedan los ataques de los que son víctimas y los discursos estigmatizantes contra ellos.

Los panelistas de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador reiteraron en la necesidad de avanzar en políticas reales, concretas y efectivas para prevenir y proteger el trabajo que realizan las personas y grupos defensores de derechos humanos, del territorio y el ambiente, además de la permanencia y la continuidad de las comunidades afectadas en sus territorios y de las labores que realizan.

Exigieron que los Estados se abstengan de seguir expandiendo la frontera extractiva, hasta que no exista reparación ambiental, vigencia de derechos humanos y procesos reales de desarrollo sostenible para las comunidades.

Se informó que la próxima semana, esta delegación presentará el informe en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica.///


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